El exgobernador de Guerrero permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano; enfrenta acusaciones por obstrucción de la justicia y desaparición forzada.
Ciudad de México.— Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano mientras continúa el proceso en su contra por su presunta participación en el ocultamiento y destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, el juez Mario Elizondo Martínez determinó que existe riesgo de que el exmandatario pueda evadirse, por lo que rechazó la solicitud de su defensa para que enfrentara el proceso bajo reclusión domiciliaria.
Aguirre Rivero enfrenta acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada, ilícitos que, de acuerdo con la información presentada durante la audiencia, podrían alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión.
FGR señala ocultamiento de evidencias
Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso testimonios de dos exfuncionarias del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, identificadas como Blanca N. y Lambertina N., quienes señalaron que el entonces gobernador habría ordenado ocultar y destruir evidencias relacionadas con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
De acuerdo con la acusación, las exfuncionarias tuvieron acceso a un disco que contenía grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia. En los videos presuntamente se observa a policías de Iguala y hombres vestidos de civil obligando a un grupo de normalistas a descender del autobús en el que viajaban.
Según los testimonios presentados por la Fiscalía, las grabaciones fueron entregadas posteriormente a Aguirre Rivero y éste habría instruido al entonces procurador estatal, Iñaki Blanco, para que se hiciera cargo del material.
La FGR también sostiene que el 30 de septiembre de 2014 el entonces gobernador reunió a colaboradores cercanos y ordenó destruir las evidencias relacionadas con lo ocurrido los días 26 y 27 de septiembre.
Aguirre niega participación
Durante la audiencia, el exgobernador se presentó en silla de ruedas y señaló que después de su detención tuvo complicaciones relacionadas con la hipertensión.
Su defensa solicitó que pudiera permanecer bajo arraigo domiciliario debido a su edad y estado de salud; sin embargo, el juez determinó que no cumplía con los requisitos para acceder a ese beneficio.
Aguirre Rivero inicialmente decidió reservarse su derecho a declarar, aunque posteriormente tomó la palabra para expresar su pesar por lo ocurrido con los normalistas y asegurar que siempre ha colaborado con las investigaciones.
El exmandatario sostuvo que tiene la conciencia tranquila y rechazó cualquier participación en los hechos que derivaron en la desaparición de los estudiantes.
Investigación por la desaparición de los 43 normalistas
La decisión judicial representa un nuevo avance dentro de las investigaciones federales sobre la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La FGR afirmó, tras la audiencia, que las investigaciones han permitido establecer la presunta participación de Aguirre Rivero y de otros funcionarios estatales de alto nivel en el ocultamiento de evidencias que podrían contribuir a esclarecer el paradero de los estudiantes.
Mientras continúa el proceso judicial, será responsabilidad de las autoridades determinar la responsabilidad penal del exgobernador respecto de los delitos que le fueron imputados.
