El aseguramiento ocurrió durante un cateo en la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide; también fueron localizados 10 tanques, tres unidades de carga y diversos contenedores.
Autoridades federales y estatales aseguraron aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo durante un operativo realizado en un inmueble de la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato.
La diligencia se llevó a cabo como parte de una investigación relacionada con presuntos delitos de almacenamiento, distribución y otras operaciones irregulares con hidrocarburos. El cateo fue autorizado por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato y ejecutado por personal del Ministerio Público Federal, en coordinación con autoridades estatales y peritos especializados.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el producto localizado presenta características de diésel, gasolina regular y gasolina premium.
También aseguran tanques y unidades de carga
Durante la inspección del inmueble fueron asegurados 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, diversos contenedores utilizados para el transporte del combustible y documentación relacionada con los hechos investigados.
Debido al volumen del producto encontrado, las autoridades mantienen labores de medición, identificación y manejo bajo supervisión especializada, con el objetivo de reducir riesgos de derrames, incendios u otras situaciones que pudieran afectar a la población y al medio ambiente.
La cantidad aún debe ser confirmada
Aunque la estimación inicial asciende a 59 millones de litros, la cifra todavía deberá ser determinada de manera oficial mediante los dictámenes correspondientes.
El inmueble, los vehículos, los contenedores, la documentación y el presunto hidrocarburo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para establecer la cantidad definitiva, así como la naturaleza, procedencia y situación legal del producto.
Las autoridades también precisaron que el cateo y los aseguramientos forman parte de una investigación en curso y no determinan por sí mismos responsabilidades legales.
El caso continuará bajo conocimiento de las autoridades ministeriales y judiciales, que deberán resolver conforme a derecho y respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
