El asesinato de defensores ambientalistas en el estado de Michoacán volvió a encender las alertas sobre la violencia que enfrentan quienes protegen el territorio y los recursos naturales en México, uno de los países más peligrosos para ejercer esta labor.
De acuerdo con reportes de organizaciones civiles y de derechos humanos, uno de los casos más recientes ocurrió en la comunidad de El Zangarro, localidad de Etúcuaro, municipio de Madero, donde fue asesinado a tiros el defensor ambiental Roberto Chávez, integrante del Comité de Defensa Ambiental de la región.
Defensor había recibido amenazas
Información difundida por colectivos ambientales señala que el activista ya había denunciado amenazas de muerte en su contra y se encontraba en proceso de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán cuando ocurrió el ataque armado.
El crimen se suma a otros hechos violentos contra defensores del territorio registrados en la entidad, donde comunidades han denunciado conflictos relacionados con tala ilegal, explotación de recursos naturales y presencia del crimen organizado.
Exigen investigaciones y protección
Organizaciones nacionales e internacionales exigieron a las autoridades mexicanas investigar el asesinato de manera pronta e imparcial, además de garantizar medidas de protección efectivas para ambientalistas y líderes comunitarios.
Diversos colectivos señalaron que la violencia contra defensores ambientales mantiene un patrón preocupante, pues muchos activistas pertenecen a comunidades rurales e indígenas que enfrentan riesgos constantes por oponerse a actividades ilegales o proyectos que afectan sus ecosistemas.
Violencia contra ambientalistas en México
Informes recientes advierten que la violencia ligada al crimen organizado también impacta directamente a defensores ambientales, quienes suelen denunciar daños ecológicos o disputas territoriales. México continúa figurando entre los países con mayor número de agresiones contra activistas ambientales en el mundo.
Ante este panorama, organizaciones civiles reiteraron el llamado al gobierno federal y estatal para fortalecer los mecanismos de protección a defensores del medio ambiente y frenar la impunidad en estos casos.
