Una jueza federal en Miami, Florida, reabrió un caso por 10,000 millones de dólares interpuesto contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras considerar la necesidad de investigar posibles irregularidades en un acuerdo extrajudicial relacionado con el litigio.
La decisión de la jueza Kathleen M. Williams representa un revés tanto para el mandatario como para el Departamento de Justicia, luego de que recientemente se hubiese cerrado el caso mediante un acuerdo que contemplaba la creación de un fondo de compensación estimado en 1,800 millones de dólares.
Dicho acuerdo surgió tras una demanda presentada por Trump contra el IRS por la supuesta filtración de información tributaria de su familia. Sin embargo, el caso fue retirado la semana pasada, lo que permitió la implementación del fondo destinado a compensar a personas que habrían sido afectadas por presunta persecución del Departamento de Justicia durante la administración demócrata.
De acuerdo con The New York Times, el acuerdo también habría otorgado beneficios fiscales al presidente Trump, su familia y sus empresas, lo que ha generado cuestionamientos sobre su legalidad y transparencia.
La reapertura del caso se produjo tras la presentación de documentos judiciales por parte de un grupo bipartidista integrado por 35 exjueces federales, quienes solicitaron un análisis exhaustivo del convenio al considerar que podría existir falta de transparencia y posibles irregularidades en su negociación.
En su resolución, la jueza Williams señaló que existen dudas sobre la existencia de un conflicto de interés, debido a que Trump figuraba en ambos lados del litigio: como demandante y como parte del gobierno federal involucrado en el acuerdo.
Asimismo, indicó que el tribunal tiene facultades para investigar posibles faltas graves en el proceso y solicitó a la defensa del presidente informar antes del 12 de junio si el caso debe reabrirse formalmente ante la posibilidad de que el tribunal haya sido “víctima de un fraude”.
De avanzar la investigación, podrían ser citados altos funcionarios del Departamento de Justicia que participaron en la negociación del acuerdo, entre ellos el fiscal general interino Todd Blanche y el funcionario judicial Stanley Woodward Jr.
El fondo de 1,800 millones de dólares enfrenta además obstáculos legales y políticos, luego de que un juez federal en Virginia ordenara suspender temporalmente su creación y distribución, mientras que legisladores en el Congreso han expresado preocupaciones sobre su legalidad.
