Ciudad de México.— A lo largo de los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha rechazado o frenado diversas solicitudes de extradición presentadas por México, entre ellas casos ligados a corrupción, desvío de recursos públicos y uno de los expedientes más sensibles del país: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con reportes oficiales y judiciales, las negativas o retrasos han involucrado a exfuncionarios, empresarios y exgobernadores acusados de delitos graves, lo que ha generado tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre la cooperación bilateral en materia de justicia.
Caso Ayotzinapa, uno de los más emblemáticos
Entre los expedientes más relevantes destaca el del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, acusado por autoridades mexicanas de tortura, manipulación de pruebas y desvío de recursos durante las investigaciones por la desaparición de los estudiantes normalistas en 2014.
Aunque México ha buscado su extradición, el exfuncionario permanece fuera del país y su entrega no se ha concretado, convirtiéndose en uno de los símbolos de los obstáculos internacionales que enfrenta el caso Ayotzinapa.
Desfalco al Infonavit y corrupción política
Otro grupo de solicitudes de extradición involucra a exfuncionarios relacionados con presuntos desfalcos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como investigaciones por corrupción y manejo irregular de recursos públicos.
Las autoridades mexicanas han señalado que algunos implicados lograron establecerse en territorio estadounidense, desde donde han combatido legalmente su entrega a México.
Exgobernadores en la lista
La lista también incluye a exgobernadores acusados de delitos financieros, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En varios casos, tribunales estadounidenses han negado o pospuesto la extradición argumentando procesos legales pendientes, solicitudes de asilo o falta de elementos suficientes bajo estándares judiciales de ese país.
Cooperación judicial bajo presión
Especialistas consideran que estas negativas reflejan las diferencias entre los sistemas judiciales de ambos países, particularmente en temas de derechos humanos, debido proceso y solidez de las investigaciones.
Si bien México y Estados Unidos mantienen acuerdos de cooperación en seguridad y justicia, cada solicitud de extradición debe superar revisiones independientes en cortes estadounidenses, lo que puede prolongar los procesos durante años.
Analistas advierten que los retrasos impactan investigaciones clave y alimentan la percepción de impunidad en casos de alto perfil político y social.
