La seguridad pública y el avance del crimen organizado se han convertido en uno de los principales puntos de tensión dentro de las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Autoridades estadounidenses han expresado preocupación por la violencia ligada al narcotráfico y su impacto en las cadenas productivas, la inversión extranjera y la operación de empresas instaladas en territorio mexicano. De acuerdo con analistas y funcionarios citados en discusiones bilaterales, el aumento de la inseguridad podría influir directamente en la postura de Washington durante las conversaciones comerciales.
El tema ha ganado relevancia debido a que sectores industriales estadounidenses consideran que la presencia del crimen organizado representa riesgos logísticos y financieros para compañías que dependen del comercio transfronterizo. Entre los principales señalamientos destacan extorsiones, robo de transporte de carga y amenazas a instalaciones estratégicas.
Especialistas advierten que, aunque el T-MEC es un acuerdo comercial, la agenda de seguridad se ha vuelto inseparable del diálogo económico entre ambos países. Estados Unidos busca mayores garantías para proteger inversiones y asegurar el flujo estable de mercancías, mientras México sostiene que el combate a la delincuencia organizada forma parte de su estrategia soberana de seguridad nacional.
Funcionarios mexicanos han reiterado que la cooperación bilateral debe mantenerse dentro del respeto a la soberanía, aunque reconocen que la estabilidad en materia de seguridad será clave para preservar la competitividad regional frente a otras economías globales.
La revisión del T-MEC prevista para los próximos años podría incluir discusiones indirectas relacionadas con seguridad, Estado de derecho y condiciones para la inversión, elementos que analistas consideran decisivos para el futuro de la integración económica de América del Norte.
