El bloque parlamentario del oficialismo pretende eliminar siete organismos autónomos y pasar sus funciones a dependencias del gobierno federal.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados anunció el inicio de la discusión en lo general de la polémica reforma constitucional que pretende la eliminación de siete organismos autónomos, entre ellos el INAI.
El debate comenzará este miércoles, después de la comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien presentará el paquete económico 2025. El proceso se extenderá hasta el jueves para analizar las reservas presentadas por los legisladores de las distintas bancadas.
¿Qué pasará con las funciones de los siete organismos autónomos?
El dictamen propone que, una vez decidida la eliminación de siete organismos autónomos, sus funciones se integren a la Administración Pública Federal (APF), distribuyéndolas entre diversas secretarías de Estado.
- COFECE → Secretaría de Economía
- IFT → Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
- CONEVAL → INEGI
- INAI → Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno
- CNH → Secretaría de Energía
- CRE → Secretaría de Energía
- Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación → Secretaría de Educación Pública
Según los promotores de la reforma, esta medida busca reducir duplicidades administrativas y simplificar las operaciones gubernamentales, pero ha generado críticas porque se les reemplazará por organismos que dependerán del gobierno, lo que propicia dudas sobre la eficiencia de su funcionamiento y del servicio que den a la sociedad.
Polémica por la desaparición del INAI y otros organismos clave
Entre las eliminaciones más controversiales está la del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Su integración a una nueva Secretaría Anticorrupción es cuestionada y hasta mal vista por grupos parlamentarios y organizaciones civiles que temen por la protección de los derechos ciudadanos.
Además, sectores académicos y empresariales han señalado que la desaparición de la COFECE y el IFT podría afectar la regulación de sectores estratégicos, como las telecomunicaciones, y la competencia económica.
El debate continúa, pero los legisladores de la mayoría oficialista parece que ya han decidido de antemano la futura eliminación de esos organismos, lo que tendrá implicaciones importantes en la administración pública de México.
