El presupuesto proyectado asciende a 2.2 billones de pesos, equivalente al 6.0% del PIB.
El gasto en pensiones proyectado para 2025 asciende a 2.2 billones de pesos, equivalente al 6.0% del Producto Interno Bruto (PIB), y consumirá 23.5% del gasto total y toda la recaudación por IVA e IEPS, estimó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
La directora ejecutiva del CIEP, Alejandra Macías Sánchez, apuntó que el gasto proyectado en pensiones tendrá un incremento real del 4.3% respecto a 2024 y consumirían toda la recaudación por los impuestos al Valor Agregado (IVA) y Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
“Es decir, cada vez que compras algo en el súper y te cobran el IVA, se va a pagar una pensión. Esto nos deja poco espacio para hacer otras cosas”, añadió en rueda de prensa sobre las implicaciones de la propuesta de paquete económico 2025.
Además, apuntó, persisten desigualdades en las pensiones, como la brecha del 14.0% en los montos recibidos por mujeres frente a hombres y la concentración de recursos en sectores más ricos.
Gasto en pensiones, con distribución desigual
Esto, ya que el gasto en pensiones, que en 2025 consumirá 23.5% del gasto total por 9.2 billones de pesos, se distribuye de manera muy desigual.
Macías Sánchez comparó que el gasto promedio por pensionado en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es 23 veces más grande que la que recibe un beneficiario de la Pensión del Bienestar.
“Necesitamos repensar el sistema de pensiones y hacerlo mucho más igualitario y equitativo”, subrayó la directora ejecutiva del CIEP.
Refirió que el nuevo programa Pensión Mujeres Bienestar, que comenzará a entregarse a partir del 2025 a las mujeres de 60 a 64 años, con un apoyo de tres mil pesos bimestrales, contará con un presupuesto de 15 mil millones de pesos.
Si bien Pensión Mujeres Bienestar intenta cerrar la brecha de acceso a una pensión, el presupuesto que se le asigna no está siendo suficiente para el millón de mujeres que se intenta beneficiar este año, comentó.
Ante ello, Macías Sánchez consideró que urge rediseñar el sistema para hacerlo justo, sostenible y capaz de equilibrar este gasto con otros derechos esenciales como salud y educación.
