La Ministra Presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, aseguró que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder no puede ser contenido, frenado ni controlado.
Además, dijo que uno de los propósitos del Poder Judicial es ser un contrapeso al poder, en referencia a la reforma judicial que aprobaron Morena y sus aliados.
Durante la inauguración del 16 Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, en el que se hizo un homenaje a la Constitución de 1824, la Ministra señaló que la desaparición de la carrera judicial y la politización de la justicia ponen en riesgo el respeto a los derechos humanos de todos.
«Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no sólo afectan a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial, crucial para el desarrollo económico y social del país», aseguró.
«No cabe duda, y hay mucha evidencia que nos proporciona la historia y el presente en muchas latitudes de qué los derechos humanos están en riesgo cuando un poder, de cualquier tipo, no puede ser contenido, frenado y controlado», agregó.
Al mismo tiempo, resaltó la importancia de la independencia judicial para proteger esos derechos y actuar como contrapeso ante cualquier amenaza de abuso de poder.
«Una verdad evidente que uno de los propósitos de un Poder Judicial independiente es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que podría amenazar tales derechos», dijo.
«La independencia y la responsabilidad de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la judicatura».
Según la Ministra, la confianza en la judicatura depende de la independencia y responsabilidad de los jueces, un pilar que debe mantenerse firme, especialmente en tiempos de crisis.
«La democracia constitucional en el mundo entero, y muy señaladamente en nuestro país, atraviesa momentos muy delicados y muy difíciles», declaró
«Como autoridades y como gobernados, como ciudadanos tenemos la obligación de cumplir las leyes que de ellas emanan. La conservación y el respeto a la democracia, al Estado de derecho, a la división de poderes, a la colaboración entre ellos, a la independencia judicial y a los derechos fundamentales son los elementos básicos de un Estado constitucional».
Piña Hernández declaró que existe todavía la necesidad de hacer un análisis profundo de la reforma, pues hay un «abanico de voces» que cuestionan las implicaciones y repercusiones de la reforma judicial, y en una democracia se escucha a todos y que no se desoye a nadie.
