La Cámara alta aprobó reformas a la Constitución para fortalecer las capacidades del Estado en el sector energético y proveer de electricidad al menor precio posible.
Los senadores determinaron eliminar de la Constitución el concepto de “empresas productivas del Estado” y le devolvieron el de “empresas públicas del Estado”, especialmente a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los legisladores avalaron el dictamen que reforma la Constitución a fin de fortalecer las capacidades del Estado en áreas de carácter estratégico, como el sector energético, para proveer de electricidad al menor precio posible; el servicio de Internet, y el aprovechamiento del litio.
Del PAN, Susana Zatarain García presentó una moción para suspender la discusión del dictamen, pero la rechazaron con 71 votos en contra y 35 a favor.
Posteriormente, las y los senadores pasaron a la presentación de 32 votos particulares que registraron los diferentes grupos parlamentarios.
La asamblea avaló el dictamen con 86 votos a favor de Morena, PVEM, PT y uno del PAN, de Miguel Ángel Yunes Márquez; 39 en contra de legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como una abstención, de Amalia García Medina, de MC.
Los cambios al texto constitucional
Con ello, se elimina del texto constitucional el concepto de “empresas productivas del Estado” y lo sustituye por el de “empresas públicas del Estado”.
Además, precisa que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas como el litio y el servicio de Internet que este provea.
Tampoco lo harán la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible.
Dispone que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.
Asegurar servicios públicos baratos y accesibles, el objetivo
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, expresó que el proyecto busca asegurar servicios públicos, baratos, accesibles y de calidad, así como devolverle al Estado mexicano el control estratégico sobre la producción energética.
De esta forma, el litio, la electricidad, los hidrocarburos y el Internet no serán objeto de especulación y acaparamiento por intereses privados, sino bienes y recursos al servicio del desarrollo nacional, puntualizó.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, afirmó que esta reforma es un paso firme para la consolidación de un Estado constitucional de bienestar y el fortalecimiento de la soberanía energética, al priorizar el control estatal sobre recursos estratégicos como el litio, la electricidad y el Internet.
Especificó que, con este cambio, el Estado queda a cargo de la transición energética, comprometiéndose con ello a utilizar de manera sustentable todas las fuentes de energía disponibles, para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.
Especialmente cuando México es uno de los países con mayores emisiones de dióxido de carbono en América Latina.
