NYC, EUA.- Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, fue sentenciado a 38 años de prisión por una corte federal de Nueva York, tras ser encontrado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos de México.
El juicio, que concluyó en febrero de 2023, marcó un precedente importante al condenar a uno de los funcionarios mexicanos de más alto rango por conspiración para traficar drogas y recibir sobornos del narcotráfico.
Contexto
García Luna apoyó un papel crucial en la llamada «guerra contra el narcotráfico» emprendida por el gobierno de Calderón entre 2006 y 2012, una estrategia militarizada que buscaba combatir a los cárteles del narcotráfico, pero que derivó en un aumento significativo de la violencia en el país.
Como secretario de Seguridad Pública, García Luna encabezó la Policía Federal y fue responsable de coordinar acciones clave en esta lucha, lo que le otorgó acceso a información estratégica.
Sin embargo, las investigaciones revelaron que, lejos de combatir al narcotráfico, García Luna estaba coludido con el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín «El Chapo» Guzmán.
Testimonios presentados durante el juicio, incluyendo los de narcotraficantes y exfuncionarios corruptos, señalan que García Luna recibió millonarios sobornos a cambio de proteger las operaciones del cártel, facilitando el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
El juicio contra García Luna fue uno de los más esperados en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en México. Durante las audiencias, los fiscales estadounidenses presentaron pruebas y testimonios que detallaron cómo el exfuncionario no solo ignoró las actividades del Cártel de Sinaloa, sino que contribuyó activamente a su expansión, permitiendo que la organización criminal operara con impunidad.
Uno de los testimonios más impactantes fue el de Jesús «El Rey» Zambada, hermano de Ismael «El Mayo» Zambada, otro de los líderes del cártel. Zambada testificó que personalmente entregó maletas con millones de dólares a García Luna para garantizar que las fuerzas de seguridad no interfirieran en los envíos de droga del cártel.
Otros testigos corroboraron estas acusaciones, y las pruebas presentadas por la fiscalía incluyeron comunicaciones interceptadas y documentos que demostraban el vínculo entre el exfuncionario y organizaciones criminales.
García Luna, quien había sido arrestado en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, siempre negó los cargos en su contra y sostuvo que el proceso judicial tenía motivaciones políticas.
Su defensa argumentó que los testimonios en su contra provenían de narcotraficantes que buscaban reducir sus propias condenas. Sin embargo, el jurado, tras deliberar, lo declarado culpable en febrero de 2023 de los cinco cargos que enfrentaba, incluyendo el tráfico de drogas y participación en un
Felipe Calderón
La sentencia de García Luna ha tenido un profundo impacto en México, generando fuertes críticas al legado de seguridad del gobierno de Felipe Calderón. La «guerra contra el narcotráfico», que cobró decenas de millas de vidas, ahora es vista bajo un nuevo prisma, donde uno de sus principales arquitectos ha sido condenado por colaborar con el mismo crimen organizado que decía combatir.
Aunque Calderón ha negado tener conocimiento de las actividades ilícitas de García Luna, su cercanía con el exsecretario ha provocado cuestionamientos sobre la efectividad y legitimidad de su sexenio.
El exl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, utilizó el caso García Luna para reafirmar su postura crítica hacia la corrupción en administraciones anteriores.
Implicaciones internacionales
La condena de García Luna tiene implicaciones significativas para la relación entre México y Estados Unidos, particularmente en la colaboración binacional en materia de seguridad.
Durante años, García Luna fue considerado un aliado clave de las agencias de seguridad estadounidenses, incluidas la DEA y el FBI, con quienes colaboraba en operaciones antinarcóticos. Su caída en desgracia ha puesto en entredicho la confianza en los funcionarios de alto nivel en México y ha revelado cómo los cárteles han logrado infiltrarse en las estructuras del Estado.
Con la sentencia a García Luna, Estados Unidos ha enviado un mensaje claro sobre su disposición a castigar a aquellos que, desde posiciones de poder, traicionan la confianza pública y colaboran con el narcotráfico. Sin embargo, el caso también ha dejado muchas preguntas sin respuesta sobre hasta dónde llegaron los niveles de corrupción en el gobierno mexicano.
LSF
