Columnas
Alejandro Lelo de Larrea
El cambio a la Constitución de la CDMX que promulgó el pasado lunes el jefe de Gobierno, Martí Batres por ahora no representa riesgo alguno a la propiedad privada… siempre y cuando no reformen el artículo 27 de la Carta Magna federal, para lo cual Morena tiene el control absoluto del Constituyente Permanente.
El ajuste al texto de la Constitución capitalina básicamente lo que hace es establecer con precisión que la propiedad privada en la Ciudad de México se reconoce, se respeta, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitucional federal. Pero si tal artículo se modificara, en automático aplicaría la Carta Magna capitalina.
La intención original de Morena, cuando presentaron esta iniciativa, era introducir en la Constitución de la CDMX la “propiedad social”, por sobre la “propiedad privada”. Pero los panistas se dieron cuenta de ello y lograron colocar un candado para establecer que la propiedad privada se garantiza conforme a lo establecido en dicho artículo 27.
Ese concepto de “propiedad social” lo explican constitucionalistas como tierras comunales, parceladas, de uso común y/o para asentamientos humanos. Hay muchas interpretaciones. Un riesgo real a la propiedad privada si hubiera quedado tal cual. El candado que pusieron la protege… por ahora.
Esta reforma promulgada el lunes se apega a lo que establece la Constitución de 1917: la propiedad de la tierra en forma originaria es del Estado, lo que permite transferirla vía concesiones a los particulares. Es el modelo que tenemos hasta hoy. El próximo mes, quién sabe.
El lunes, la confusión y el pánico social lo provocó Batres por un grave error de comunicación o porque no entendió claramente –a pesar de que es doctor en derecho– lo que aprobó el Congreso. Lo expuso como si fuera un “avance” de la llamada “4T”. Así en su cuenta de X: “…Se dificulta que el actual Poder Judicial pueda realizar interpretaciones de nuestras normas locales en favor de los grupos económicos más poderosos. Se revierte también una parte del andamiaje jurídico e ideológico que fue instalando el neoliberalismo”.
La otra expresión de Batres que generó pánico fue que se recupera en la CDMX la noción de propiedad originaria de la Nación, así como “el derecho de la Nación… para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”.
Cierto, la Constitución desde 1917 habla de la expropiación con fines de interés público. Pero pésima idea tocar el tema en un momento de enorme confrontación social por la reforma al Poder Judicial Federal, en el contexto de una narrativa que México va hacia la dictadura.
El pavor es que ya con el control absoluto del Poder Judicial Federal, el gobierno de Morena podría hacer expropiaciones con ese abstracto concepto de “utilidad pública”, y no habrá juez confiable que pueda defenderlos en un juicio de amparo. Lo mismo, en el caso de la extinción de dominio, que el Estado puede retomar la propiedad originaria de un inmueble donde se acuse –incluso falsamente– de que se están cometiendo ilícitos.
¿Cómo para qué Batres hizo una expresión de carácter político que vino a crispar más el ambiente político de polarización nacional? ¿Quién le dio tan brillante idea a Batres o no lo frenó?
El cambio Constitucional promulgado el lunes no pone en riesgo la propiedad privada, porque está garantizada en el 27 de la Constitución federal. Pero eso podría cambiar, tienen los votos para hacerlo. Lo veremos.
