El Gobierno federal anunció acciones legales para exigir justicia y el esclarecimiento de posibles violaciones a los derechos humanos contra migrantes mexicanos.
El Gobierno de México presentará este lunes denuncias formales ante autoridades de Estados Unidos por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurrida durante operativos o bajo custodia de agencias migratorias estadounidenses, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria explicó que las acciones legales serán encabezadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del canciller Roberto Velasco Álvarez, quien acudirá al Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar que se investiguen los casos y se deslinden responsabilidades.
Sheinbaum señaló que el objetivo es garantizar el acceso a la justicia para las familias de las víctimas y esclarecer posibles violaciones a los derechos humanos, derivadas de las actuaciones de autoridades migratorias estadounidenses.
Llamado a la unidad
Durante su mensaje, la Presidenta hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, legisladores y a la sociedad mexicana para respaldar las acciones emprendidas por el Gobierno federal y solicitar información a organismos nacionales e internacionales sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos de los connacionales fallecidos.
Subrayó que la defensa de los derechos de las personas migrantes debe ser una causa que trascienda diferencias políticas, por lo que pidió cerrar filas en favor de los mexicanos que residen en el extranjero.
México buscará justicia por la vía legal
El Gobierno mexicano reiteró que las denuncias no buscan generar un conflicto diplomático con Estados Unidos, sino garantizar que los hechos sean investigados conforme a derecho y que, en caso de comprobarse responsabilidades, los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
Además de las acciones penales, las autoridades mexicanas mantienen el acompañamiento consular a las familias de las víctimas y continúan fortaleciendo los mecanismos de protección para la comunidad migrante.
Con estas medidas, la administración federal busca reforzar la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior y exigir que cualquier actuación de las autoridades migratorias estadounidenses se realice con apego a la legalidad y al respeto de la dignidad de las personas.
