El Gobierno federal alista el envío de su propuesta de reforma electoral conocida como “Plan B” al Senado de la República, luego de que la iniciativa original no lograra avanzar en la Cámara de Diputados por falta de mayoría calificada.
Este nuevo planteamiento busca rescatar algunos de los objetivos centrales de la reforma inicial, principalmente la reducción de costos del sistema electoral y la eliminación de privilegios dentro de los órganos políticos y electorales. Entre las medidas más destacadas se encuentra la disminución del número de regidores en los municipios, así como límites al presupuesto de congresos locales y topes salariales para funcionarios electorales, quienes no podrían percibir ingresos superiores al de la Presidencia.
Asimismo, el plan contempla reforzar la fiscalización del financiamiento político y simplificar algunos procesos electorales, con la intención de hacer más eficiente la organización de las elecciones. También se plantea adelantar la consulta de revocación de mandato y promover mecanismos de participación ciudadana.
La propuesta surge tras el rechazo de la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo, lo que obligó al Gobierno a optar por modificaciones a leyes secundarias que requieren únicamente mayoría simple para su aprobación.
De acuerdo con autoridades federales, el objetivo es lograr un sistema electoral más austero y transparente, sin afectar la estructura democrática del país. En este contexto, el Ejecutivo ha mantenido negociaciones con partidos aliados para asegurar el respaldo necesario en el Congreso.
Se espera que el Senado analice la iniciativa en los próximos días, en medio de un escenario político marcado por diferencias entre fuerzas políticas y ajustes a la propuesta original.
