La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para eliminar las llamadas pensiones de oro en el sector público y establecer un límite máximo a las jubilaciones de exdirectivos.
La propuesta busca modificar el Artículo 127 de la Constitución para que ninguna pensión supere el 50% del salario presidencial.
Con este ajuste, el tope mensual se ubicaría alrededor de 70 mil pesos, según estimaciones oficiales del Gobierno de México. La iniciativa ya fue turnada al Senado de la República para su análisis legislativo.
Tope constitucional contra jubilaciones excesivas
El objetivo central de la reforma es frenar pagos desproporcionados que hoy reciben antiguos altos mandos de organismos públicos.
Durante su anuncio, la mandataria expuso casos donde exfuncionarios perciben montos muy superiores al promedio nacional.
Entre los ejemplos figuran pensiones cercanas a 300 mil pesos mensuales en la Comisión Federal de Electricidad, así como registros históricos que alcanzaron cifras cercanas al millón de pesos.
Claudia Sheinbaum. Foto CuartOscuro
Además, se señaló que algunas de estas jubilaciones fueron otorgadas tras periodos laborales muy cortos en puestos directivos. La reforma busca cerrar este esquema que permitió privilegios financiados con recursos públicos durante años.
Organismos públicos bajo nuevas reglas
La iniciativa contempla a una amplia gama de instituciones y empresas del Estado. Entre ellas se encuentran organismos descentralizados, fideicomisos públicos, banca de desarrollo y empresas de participación estatal.
También se incluyen entidades estratégicas como Petróleos Mexicanos y la propia CFE. El nuevo marco constitucional aplicaría exclusivamente a personal de confianza y altos mandos administrativos.
El objetivo es homologar criterios de retiro y evitar que cargos temporales generen jubilaciones vitalicias de alto costo.
Protección a trabajadores de base
El Gobierno federal subrayó que la reforma no afectará los derechos laborales de la base trabajadora.
Las jubilaciones contempladas en contratos colectivos y condiciones generales de trabajo se mantendrán sin cambios.
La iniciativa se enfoca únicamente en los esquemas especiales que beneficiaron a exdirectivos y funcionarios de alto nivel.
Desde el Ejecutivo se argumenta que la medida responde a principios de responsabilidad financiera y uso eficiente del erario.
Además, se busca fortalecer la política de austeridad y reducir cargas presupuestales heredadas por décadas.
Con esta propuesta, la administración federal abre un nuevo frente contra privilegios históricos dentro del sector público, mientras el Congreso define el futuro de una de las reformas más sensibles en materia de pensiones gubernamentales.
