Congreso aprueba investigación a exfuncionarios de Tlalpan por red de extorsión a comerciantes.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó una propuesta para investigar a exfuncionarios de la alcaldía de Tlalpan, durante la administración de Alfa González Magallanes, por su posible implicación en una red de extorsión y corrupción contra comerciantes locales.
Extorsión y corrupción en la administración de Alfa González
La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, presentó el punto de acuerdo, el cual aprobó la Asamblea Legislativa. Este acuerdo exige investigar a los exfuncionarios por su posible participación en una red de corrupción que afectó a comerciantes de Tlalpan entre 2021 y 2024.
Bravo Espinosa destacó que la corrupción y la extorsión son crímenes que desangran las instituciones y perjudican directamente a la sociedad. “No solo roban recursos, sino que también roban esperanza”, advirtió la legisladora. Agregó que estos actos no solo afectan la convivencia y la justicia, sino que perpetúan la desigualdad y desconfianza en las instituciones públicas.
Acciones legales contra los exfuncionarios de Tlalpan
En la sesión de este martes, el Congreso aprobó que la Contraloría General de la Ciudad de México y la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos actúen en consecuencia. Xóchitl Bravo urgió a investigar a los exfuncionarios que extorsionaron a comerciantes de Tlalpan, exigiendo pagos ilegales a cambio de levantar los sellos de clausura de los establecimientos.
Bravo explicó que, el 22 de noviembre, la alcaldesa Gabriela Osorio denunció públicamente esta red de extorsión. La denuncia fue dirigida a la Fiscalía para que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. La legisladora reconoció la importancia de que Osorio Hernández haya presentado las denuncias ante las autoridades, pero subrayó que los exfuncionarios deben ser castigados con todo el peso de la ley.
Red de extorsión en Tlalpan
La red de corrupción y extorsión operó de manera estructurada, afectando gravemente a los pequeños y medianos comercios de la alcaldía. Según la denuncia, los funcionarios de la administración de Alfa González exigían hasta 100 mil pesos para retirar los sellos de clausura de los negocios. Además, los comerciantes debían pagar mensualmente para evitar nuevas clausuras.
Un total de 205 expedientes se utilizaron para extorsionar a los comerciantes. Los pagos se solicitaban bajo la amenaza de clausurar los negocios, creando un clima de incertidumbre y miedo en la alcaldía.
Iniciativa de Clara Brugada sobre extorsión
El Congreso de la Ciudad de México también deberá avanzar en la iniciativa enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para elevar las sanciones contra el delito de extorsión. Xóchitl Bravo subrayó la importancia de esta iniciativa como parte de los esfuerzos para erradicar la corrupción y garantizar que los responsables enfrenten penas severas.
En una conferencia de prensa previa, la legisladora también denunció la corrupción en otras alcaldías gobernadas por la oposición, como Cuauhtémoc y La Magdalena Contreras, señalando los desfalcos y el mal uso de los recursos públicos en esas demarcaciones.
Responsabilidad de los exfuncionarios
Bravo Espinosa hizo hincapié en que, aunque los exfuncionarios hayan dejado sus cargos, la ley permite iniciar procedimientos legales, tanto administrativos como penales, en su contra. Los responsables deben enfrentar las consecuencias de sus actos, sin importar su estatus actual.