La controvertida reforma judicial de México, que instauró la elección popular de jueces, magistrados y ministros, ha generado un intenso debate y será examinada en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington el próximo 12 de noviembre, como parte de su 191° período de sesiones.
En respuesta a inquietudes expresadas por trabajadores del Poder Judicial y expertos en derechos humanos, la CIDH incluyó el tema en su agenda, alarmada por las posibles repercusiones en la independencia judicial. Desde su aprobación el pasado 16 de septiembre, la reforma ha desatado críticas y acciones legales en el país, impulsadas inicialmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Los opositores de esta medida, en su mayoría miembros del Poder Judicial, han alertado que la elección popular de jueces amenaza la imparcialidad judicial, argumentando que podría abrir la puerta a la influencia de intereses políticos y del crimen organizado en las decisiones judiciales de México.
El caso fue llevado ante la CIDH por representantes del Poder Judicial, entre ellos la jueza Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, junto con activistas y expertos en derechos humanos. Según sus argumentos, la reforma compromete la imparcialidad y calidad de la justicia en el país, lo que ha suscitado preocupación en organizaciones y ciudadanos por igual.
La CIDH ya había manifestado su inquietud en septiembre, cuando el Congreso de México y las legislaturas estatales aprobaron la reforma. En ese momento, advirtió que la medida podría vulnerar el derecho al acceso a la justicia y la independencia judicial, pilares fundamentales del Estado de Derecho en México. Además, señaló que la implementación de la reforma fue apresurada y carece de un diagnóstico sólido sobre los problemas estructurales del sistema judicial mexicano.
La creación de “jueces sin rostro” para casos de crimen organizado y el establecimiento de un Tribunal de Disciplina Judicial, cuyas autoridades también serán elegidas por voto popular, han sido particularmente criticados. Para la CIDH, estas disposiciones podrían afectar la transparencia y objetividad en la administración de justicia.
A pesar de los múltiples amparos promovidos por jueces para intentar frenar la reforma, el proceso ha continuado. Los comités de evaluación de los tres poderes de gobierno ya han sido instalados para supervisar su implementación, y se espera que la primera convocatoria para candidatos a jueces por elección popular sea lanzada el 4 de noviembre.
El próximo 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto que podría invalidar partes de la reforma, en una sesión crucial para definir el futuro de esta iniciativa. Mientras tanto, los trabajadores del Poder Judicial mantienen la esperanza de que la intervención de la CIDH permita abrir un debate profundo sobre los riesgos de esta reforma, en particular en lo que respecta a la independencia judicial y el derecho de acceso a la justicia en el país.
