Empresas mineras aprovechan la permisividad legal; arrasan comunidades y recursos naturales
México se ha convertido en un territorio donde las empresas mineras, tanto nacionales como extranjeras, destruyen ecosistemas y comunidades sin control alguno. Los daños de la minería en México superan con creces los beneficios que las mineras prometen, y sus efectos negativos afectan al medio ambiente, a las economías locales y a la vida de miles de personas.
Marco legal permisivo: minería sin responsabilidad
Hoy en día, empresas extranjeras y nacionales operan con total libertad para extraer los recursos naturales del país. Las leyes vigentes, como la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Minera y las reformas al Artículo 27 Constitucional, permiten que esas empresas actúen sin supervisión ni regulaciones estrictas.
Según Aleida Azamar Alonso, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), esta situación persiste porque el gobierno mexicano y el marco legal facilitan el desarrollo de la minería sin exigirles responsabilidad ambiental. Incluso las empresas ignoran normativas clave, como la Manifestación de Impacto Ambiental y el derecho a consulta de las comunidades afectadas.
Compañías como Grupo México, Frisco y Peñoles operan bajo un esquema oligopólico, especialmente en el sector del cobre, sin que haya sanciones efectivas por los más de 20 desastres ambientales acumulados. Los magnates que controlan estas empresas, como Carlos Slim, Germán Larrea y Alberto Baillères, no solo dominan la minería, sino que participan en diversos proyectos, incluido el Tren Maya.
La actividad minera implica la devastación de ecosistemas completos: arrasando montañas, talando bosques y contaminando suelos. Los agujeros creados por las minas se rellenan con desechos tóxicos, y los impuestos que pagan las empresas son insignificantes frente al daño causado.
Además, la minería sólo aporta 0.2% de ingresos fiscales y representa un efímero 0.9% del PIB nacional.
Las comunidades que viven en zonas mineras padecen pobreza extrema: de 20 poblaciones mineras, 13 están en pobreza y la mitad de estas en condiciones de pobreza extrema.
Los 300 mil empleos generados carecen, en su mayoría, de seguridad social, y las comunidades indígenas ven destruidas sus tradiciones y modos de vida.
Esa destrucción se debe a la presión económica y, en ocasiones, a la violencia de policías, militares y paramilitares.
Comparativa internacional y regulación insuficiente
Las empresas mineras prefieren operar en México por los bajos costos laborales y la permisividad legal. “Aquí es más fácil reponer trabajadores que en Europa”, señalan expertos. En Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea las regulaciones son más estrictas, prohibiendo prácticas como el uso de mercurio que aquí aún se permite.
México ha concesionado 14% de su territorio a la minería, lo que equivale a toda la extensión del estado de Chihuahua. En Sonora se encuentra el depósito de litio más grande del mundo, pero el país carece de la infraestructura necesaria para extraerlo eficientemente. Mientras tanto, la industria global ya explora alternativas más baratas, como las baterías de sodio, lo que podría dejar al litio mexicano fuera del mercado.
