Expertos ven cerca crisis constitucional
La instrucción para eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial desató un nuevo conflicto entre el Ejecutivo y el Judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum negó estar en desacato, argumentando que no ha sido notificada sobre la suspensión definitiva que ordena la eliminación de la reforma. Además, anunció que denunciará a la jueza Nancy Juárez ante el Consejo de la Judicatura por «irregularidades» y consultará al Congreso si una jueza tiene facultades para emitir tal orden. Aunque insinuó la posibilidad de un juicio político contra la jueza, aseguró que no interferirá en el proceso.
Por su parte, la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, subrayó que tanto autoridades como ciudadanos deben respetar la ley para preservar el Estado de derecho, la democracia y la división de poderes. Piña advirtió que la reforma judicial representa un golpe al constitucionalismo en México, afectando la imparcialidad de la justicia y los derechos humanos, mientras la justicia se politiza. Expertos alertaron sobre el riesgo de una crisis constitucional ante la desobediencia de órdenes judiciales.
Constitucionalistas señalaron que el país se encuentra al borde de una crisis constitucional si el Poder Ejecutivo no acata la resolución judicial que ordena la eliminación de la reforma del Diario Oficial. Indicaron que esto es resultado de una mala implementación de la reforma, al no contar con leyes secundarias adecuadas. Consideraron inédito y preocupante que la presidenta de la República se rehúse a cumplir con la eliminación de una publicación, lo cual constituye un delito en un Estado democrático, demostrando que lo político prevalece sobre lo jurídico.
El 17 de octubre, la jueza Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, Nancy Juárez Salas, ordenó a la presidenta Sheinbaum y al director del Diario Oficial, Alejandro López González, retirar en un plazo de 24 horas el decreto de reforma judicial publicado en septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Especialistas recordaron que en las democracias, cuando los gobiernos no están de acuerdo con una resolución, deben impugnarla judicialmente, sin interferir en la decisión de los tribunales. También indicaron que se espera la resolución definitiva de la Suprema Corte.
Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó que el incumplimiento de una resolución judicial es constitutivo de delito. Advirtió que si el Ejecutivo continúa desafiando las suspensiones emitidas por distintos jueces, el país podría entrar en una crisis constitucional. Subrayó que un gobierno democrático debe primero acatar una resolución y luego impugnarla, algo que el Ejecutivo ha dejado entrever que no hará.
Finalmente, Reyes destacó que la última palabra la tiene la Suprema Corte, cuya interpretación de la ley es definitiva. No obstante, criticó que el gobierno esté enviando el mensaje de que solo cumplirá las sentencias que considere correctas, lo que calificó de gravísimo.
