El gobierno federal ha denunciado penalmente a opositores al Corredor Interoceánico. Al menos 61 personas reconocen carpetas en su contra. “Son mecanismos de presión”, denuncian activistas y afectados.
Habitantes de Puente Madera, municipio de San Blas Atempa, Oaxaca, la comunidad que detuvo a punta de amparos la instalación de uno de los 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contempla para el Istmo de Tehuantepec, han padecido una serie de amenazas que a ciencia cierta no sabe si son producto de la delincuencia organizada o si provienen directamente de los operativos policiacos.
La defensa de las 331 hectáreas dentro de El Pitayal, un área culturalmente relevante para esta comunidad, le valió a él y otros comuneros Binnizá (zapotecos) denuncias penales por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), del Registro Agrario Nacional (RAN) y del gobierno municipal.
Estas autoridades acusan a los pobladores por delitos como daños a las vías federales de comunicación, robo e incendio ante la Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca (FGEO) y ante la Fiscalía General de la República (FGR) luego de varios bloqueos carreteros para manifestarse en contra del Podebi. En uno de ellos, los manifestantes incendiaron vehículos en respuesta a una lona que se colocó en El Pitayal. La lona rezaba: “Propiedad del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”.
Uno de los activistas de la defensa de este territorio y agente municipal comunitario de Puente Madera fue sentenciado este 2024 a 46 años y seis meses de prisión, una multa de 182 mil pesos y una reparación de daños valuada en más de un millón de pesos. Para él y sus compañeros había dos cartas sobre la mesa: aceptar el parque industrial y ser libres, o ir a la cárcel.
“El Gobierno se comprometió a no detener a los compañeros ni a mí. Pero hay una sentencia y no podemos confiar en que no haya orden de aprehensión. El gobierno sabe la posición en la que está Puente Madera, pero también nosotros sabemos la posición del gobierno”, dice una tarde de mayo, sentado en el porche de una casa rodeada de árboles de mango.
La criminalización en contra de personas que se oponen a obras del Corredor Interoceánico es el mecanismo que ha utilizado el gobierno mexicano para amainar la defensa del territorio. Los afectados son habitantes que han enfrentado una mezcla de actos arbitrarios como parte de la implementación del megaproyecto: consultas amañadas, firmas falsificadas que avalan venta de tierras y falta de información, por mencionar algunos.
“Hay una escalada (de criminalización), se incluye a personas que usualmente no tienen un perfil acorde a la narrativa delincuencial como campesinos, mujeres, amas de casa, a quienes se les está criminalizando e intimidando por medio de mecanismos legales”, afirma Loni Hensler, co-coordinadora de Terravida. Estima, además, que “el Corredor Interoceánico no ha recibido mucha atención, como el Tren Maya, ni sobre su proceso de desarrollo ni las resistencias, tampoco sobre la criminalización”.
