on el próximo cambio de gobierno en México, el panorama para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) parece estar en una encrucijada. Estas empresas, que representan el 99.8% del total de los establecimientos económicos del país y generan alrededor del 72% del empleo, son un pilar fundamental para la economía mexicana. No obstante, enfrentan grandes retos estructurales que podrían agudizarse o atenuarse, dependiendo de las políticas que implemente la nueva administración.
Antes de examinar lo que podría deparar el futuro, es esencial entender la situación actual de las MiPyMEs, las cuales, de acuerdo con datos del INEGI, en 2023 aproximadamente 4.1 millones de ellas enfrentaban dificultades derivadas de la pandemia de COVID-19, la inflación y la crisis energética global.
Uno de los problemas más críticos es el acceso al financiamiento, según la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), ya que solo el 23% de las pequeñas empresas tienen acceso a crédito formal. Esto, sumado a la baja adopción de tecnología (solo el 30% de las MiPyMEs implementaron procesos de digitalización post-pandemia), limita su crecimiento y competitividad.
El futuro de las MiPyMEs estará marcado por la transición política que inicia mañana 1 de octubre. La continuidad o modificación de programas de apoyo, como lo fue «Crédito a la Palabra» y su derivado actual «Tandas para el Bienestar», será crucial.
Una de las principales preocupaciones es si habrá una reestructuración del sistema fiscal que afecte a las MiPyMEs. En la actualidad, el régimen fiscal simplificado (RIF) ha sido uno de los apoyos clave para estos negocios, pero la incertidumbre sobre una posible reforma fiscal genera dudas. Según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aproximadamente el 57% de las MiPyMEs formales están inscritas en este régimen, lo que facilita el cumplimiento tributario para miles de emprendedores.
Sin embargo, el próximo gobierno tendrá que abordar el acceso al financiamiento de manera más efectiva. A pesar de la creación de la plataforma «Nafin+» y otros instrumentos de crédito estatal, el 77% de las MiPyMEs carecen de acceso a crédito formal. Si el nuevo gobierno no da prioridad a la expansión de estas oportunidades, muchas pequeñas empresas seguirán dependiendo de créditos informales con tasas de interés más altas.
Un informe del Banco Mundial de 2022 advirtió que sin políticas públicas claras para mejorar el acceso al crédito, el crecimiento de las MiPyMEs en México podría desacelerarse un 30% para 2025. Esto impactaría negativamente en la generación de empleo, una cuestión sensible para cualquier administración entrante.
Otro desafío es la transformación digital de las MiPyMEs. Si bien la pandemia aceleró el proceso, las cifras siguen siendo alarmantes. De acuerdo con la Asociación de Internet MX, solo el 15% de las pequeñas empresas mexicanas tienen presencia en línea, mientras que en países como Chile y Colombia, este porcentaje supera el 40%.
El próximo gobierno deberá impulsar políticas de digitalización para que las MiPyMEs se mantengan competitivas en un entorno global. Programas de capacitación y subsidios para la adopción de tecnología pueden ser una solución, pero solo si se implementan de manera efectiva y con presupuesto suficiente.
Un aspecto crítico más es el apoyo a las mujeres y los jóvenes emprendedores. Actualmente, según datos del INEGI, el 36% de las MiPyMEs son dirigidas por mujeres, un porcentaje bajo en comparación con otros países de la región. La creación de incentivos fiscales y programas de mentoría enfocados en estos grupos podría no solo aumentar la equidad de género, sino también fomentar un ecosistema emprendedor más diverso e innovador.
Un área de oportunidad que no debe perderse de vista es la apertura comercial y las ventajas que ofrece el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). A través de este tratado, las MiPyMEs mexicanas pueden expandir sus mercados y acceder a cadenas de valor globales. Sin embargo, menos del 5% de las MiPyMEs exportan actualmente, según la Secretaría de Economía.
El próximo gobierno tendrá la tarea de facilitar el acceso de las MiPyMEs a estos mercados, ya sea a través de programas de formación en exportaciones o mediante la eliminación de barreras burocráticas.
Ante esta situación, con el cambio de Gobierno existen dos escenarios probables para las MiPyMEs:
El escenario optimista es que el nuevo gobierno implemente una serie de reformas que mejoran el acceso al financiamiento, facilitan la digitalización y promueven la inclusión de mujeres y jóvenes en el ámbito empresarial. Estas medidas, combinadas con incentivos fiscales y programas de capacitación, podrían generar un crecimiento del 5% anual en el sector MiPyME para 2026.
El escenario pesimista es que el gobierno implemente políticas proteccionistas que aumentan la carga fiscal sobre las MiPyMEs, sin mejorar el acceso al crédito ni fomentar la digitalización. En este caso, el 20% de las MiPyMEs actuales podrían cerrar en los próximos tres años, exacerbando la crisis de empleo y fomentando la informalidad.
Así que el futuro de las MiPyMEs en México dependerá en gran medida de las políticas públicas que implemente la próxima administración. Los retos son evidentes: financiamiento insuficiente, baja adopción de tecnología y un sistema fiscal que, aunque ofrece algunas ventajas, sigue siendo complicado para muchos emprendedores. Sin embargo, también existen grandes oportunidades, especialmente en el marco del T-MEC y la creciente demanda de digitalización.
El cambio de gobierno será un momento clave para definir si las MiPyMEs podrán aprovechar estas oportunidades o si quedarán relegadas en un entorno económico cada vez más competitivo.
