El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto de la reforma constitucional del Poder Judicial, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor a partir de este lunes.
Al hacerlo en Palacio Nacional, junto a la presidenta electa. Claudia Sheinbaum Pardo, el Ejecutivo federal dijo que la reforma permitirá mejorar a dicho poder y con ello garantizar que ahora sí, sea el pueblo el que mande.
Agregó: “Ahora sí es el pueblo el que manda, el pueblo es el que decide y se lleva a la práctica lo que establece el artículo 39 de nuestra Constitución, que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, el poder dimana del pueblo, dice la Constitución, y se instituye en su beneficio”.
Puntualizó que decidió firmar el decreto este 15 de septiembre por tratarse de un día histórico. “El humanismo mexicano tiene dos pies, dos sostenes: la grandeza cultural de México y nuestra fecunda historia política”.
La reforma quedó publicada pese a que un Tribunal Colegiado ordenó suspender su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Con el decreto, que apareció en la edición vespertina de este domingo, la controversial enmienda entró en vigor este lunes 16 de septiembre.
Entre los principales cambios, la reforma establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de 2025.
Desaparecen las dos salas del máximo tribunal, que actualmente resuelve asuntos en materia civil y penal, así como administrativa y laboral, y el pleno se reduce de 11 a nueve ministros, que durarán en el cargo 12 años en lugar de 15, como era hasta ahora.
Además, plantea la sustitución en septiembre de 2025 del Consejo de la Judicatura Federal por dos instancias: un organismo de control administrativo, encargado de todos los presupuestos, y un Tribunal de Disciplina Judicial, con facultades para sancionar a todos los integrantes de la Judicatura, incluidos los ministros de la Corte.
Para la elección de los nueve ministros del máximo tribunal, el Poder Ejecutivo propondrá a 10 candidatos, el Judicial a otros 10, el Senado a cinco, al igual que la Cámara de Diputados (con el voto de una mayoría calificada de dos terceras partes en cada cámara).
Si no renuncian antes, los ministros actuales perderán su cargo en el momento en que los nuevos jueces tomen posesión, el 1 de septiembre de 2025, tras la votación ciudadana.
Los candidatos a ministros deberán tener un título de licenciatura en Derecho con 10 años de antigüedad y no haber sido funcionarios federales. Los aspirantes harán campaña en espacios de radio y televisión para presentar sus propuestas y participar en debates, pero no contarán con recursos públicos ni podrán recibir donaciones privadas para ello.
Las votaciones serán organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y calificadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Todos los jueces federales, incluidos los magistrados y ministros de la Corte, deberán ajustar sus sueldos para no ganar más que el presidente de la República.
