No se asigna presupuesto a instituciones policiales, ministeriales ni jurisdiccionales locales
La líder de los diputados del PAN, Noemí Luna Ayala alertó que la reforma judicial que en la actualidad se construye podría constituir una puerta abierta a la injerencia del crimen organizado.
Al presentar las conclusiones de un estudio realizado por su bancada en torno a la reforma judicial, la legisladora afirmó que, además de esa puerta abierta al crimen organizado, la reforma podría generar un estado de indefensión para el personal de apoyo del Poder Judicial, como secretarios, actuarios y oficiales judiciales, entre otros.
Alertó que las evaluaciones se harán no a partir de los conocimientos y resultados, sino conforme a afinidades ideológicas.
Aseveró que la “transformación” no garantiza mayor legitimidad ni mayor calidad en las decisiones judiciales, porque serán personas juzgadoras “a modo”, bajo una ideología que derivará en defender los intereses del gobierno, en lugar de proteger los derechos y las libertades de las personas.
“Así, quienes tengan más poder económico podrán pagar y los más vulnerables quedarán en total indefensión.”
El análisis de 39 puntos revisa las implicaciones formales, materiales, políticas y económicas del dictamen para reformar al Poder Judicial, avalado el miércoles por mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.
Precisa que tal iniciativa hace que México pierda confianza jurídica y competitiva frente a otros actores mundiales que han señalado sus peligros.
En el documento se expone que, además de implicar la violación al principio constitucional de división de poderes, el dictamen no considera ni asigna presupuesto a instituciones policiales, ministeriales y jurisdiccionales locales.
Agregó que ello a pesar de que la base de los problemas de impartición de justicia tiene lugar en lo local, y esto se recrudece ante la incapacidad o complicidad de muchas autoridades.
El T-MEC
Otro factor fundamental de atender será la revisión del T-MEC en 2026, cuando podrían desatarse controversias por fallos contrarios al Estado de Derecho e inclusive el gobierno de la próxima presidenta podría recibir solicitudes de panel y controversias antes de ese año.
“La aprobación de la reforma implicaría la violación por parte de México de lo que dispone el T-MEC en materia de inversiones, pues no garantiza que el país cuente con un Poder Judicial imparcial, transparente y garante de los derechos de los inversionistas.”
Al romperse los equilibrios y contrapesos propios de la división de poderes será más fácil la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, señala.
Además, el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría propiciar un clima generalizado de impunidad, en tanto que el gobierno y Morena podrían endurecer sus posiciones y no abrirse a los consensos republicanos que rigen en México.
