El mal uso de recursos públicos es billonario, admite Función Pública; Salcedo destaca que no habrá carpetazo y se castigará a los culpables; pero ignora muchos otros casos.
El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, anuncia que el daño patrimonial por el caso Segalmex es por 2 mil 700 millones de pesos.
En la conferencia de prensa mañanera, Salcedo Aquino detalla que la investigación revela que existe una afectación por 9 mil 500 millones de pesos; sin embargo, la mitad de esa cantidad ya fue aclarada, es decir, aproximadamente 4 mil 700 millones de pesos ya fueron comprobados.
“A partir de este proceso de recopilación y presentación de evidencias, a la fecha, los 9 mil 500 millones de pesos observados en las cuentas públicas de los años 2019 y 2020 se tiene la siguiente información: 4 mil 700 millones de pesos, cerca de 50%o del total, ya fueron aclarados con las evidencias pertinentes”, señala Salcedo Aquino.
El funcionario detalla que 2 mil 100 millones están en proceso de análisis para su acreditación o no por parte de las instancias fiscalizadoras del gobierno federal.
“En caso de no aclararse, se presentarán las denuncias correspondientes”, a fin de proceder penalmente contra los responsables del millonario desvío y mal uso de los recursos del erario, puntualiza el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
“Dos mil 700 millones, 28%, no fueron aclarados durante el proceso de fiscalización, por lo que este constituye el monto del daño patrimonial a Segalmex [Seguridad Alimentaria Mexicana, compañía paraestatal mexicana sectorizada a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural]”, subraya Salcedo Aquino
Durante la mañanera el funcionario recalca que se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), “para que en su caso se judicialicen los expedientes y se determinen las sanciones para las personas servidoras públicas responsables”.
“No hay ni habrá impunidad”, insiste el titular de la Secretaría de la Función Pública.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reitera por enésima ocasión que este es el único caso de corrupción en su gobierno, y cierra los ojos ante múltiples casos denunciados a lo largo de su sexenio y que en varios se involucra a su familia directa como son hijos, hermanos y primos, ya no se diga sus cercanos y sus cuates
“Segalmex es el único caso de corrupción que se presentó en el gobierno [que encabezó desde el 1 de diciembre de 2018 y que acaba en 25 días, el próximo lunes 30 de septiembre] y queremos informar cómo va el proceso de recuperación de lo extraído de manera ilegal y el castigo a los responsables”, argumenta.
López Obrador afirma que no habrá corrupción ni impunidad en este tipo de casos: “Dijimos, cero corrupción, cero impunidad y no queremos dejar ningún pendiente. Nuestros adversarios están atentos a querer manchar, buscan manchar nuestro gobierno y tenemos que actuar de manera escrupulosa, porque no somos iguales, ya no es el tiempo de la corrupción, eso se terminó”, reitera sin convencer.
Lastre sexenal
La futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum tendrá que cargar con un pesado lastre que se llama Leonel Cota Montaño, opinan opositores, pues en agosto pasado anuncia que este personaje que estuvo a cargo de Segalmex tras el megafraude se integrará a su equipo, pero a la fecha ese desfalco sigue sin aclararse de manera convincente
En marzo pasado, el mismo Cota Montaño da a conocer que deja Segalmex para unirse al equipo de la presidente electa y en ese momento se hace responsable de coordinar los trabajos de campaña de Sheinbaum Pardo en Jalisco.
“Me separo de la responsabilidad que tengo en Segalmex, Diconsa y Liconsa. Entrego la institución en sus mejores tiempos con los programas crecidos, renovados, con cero corrupción, con resultados de excelencia en todo el desempeño de las tres empresas principales que son parte de esta responsabilidad”, opina el día de su salida.
Leonel Cota Montaño llega a Segalmex en abril de 2022, tras el escandaloso caso de corrupción y megafraude por más de 9 mil millones de pesos en el que se vincula a 30 empresas y 29 funcionarios públicos, entre ellos René Gavira Segrete, apoderado legal de Diconsa.
