México necesita urgentemente instituciones de seguridad y justicia más eficientes.
«México necesita urgentemente instituciones de seguridad y justicia más eficientes. Tristemente, es probable que este paquete de reformas haga lo opuesto», enfatizó Goebertus. La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió hoy que las propuestas de reforma al poder judicial en México podrían desencadenar más abusos por parte del ejército y detenciones arbitrarias, por lo que apela a la conciencia a los nuevos legisladores, que tienen en su manos su aprobación.
En un comunicado, la organización humanitaria internacional consideró que los legisladores de la nueva legislatura mexicana, que asumirá mañana sábado, «deben rechazar la serie de reformas constitucionales que socavarán la independencia judicial, la rendición de cuentas del gobierno y el derecho a la privacidad».
Las iniciativas de reforma constitucional están contenidas en cuatro propuestas de ley que se espera sean discutidos por los legisladores cuando el Congreso regrese a sesionar a partir del próximo domingo 1 de septiembre.
«Dado el largo historial de serias violaciones de derechos humanos en México y encubrimiento oficial, los legisladores deberían estar tomando medidas para fortalecer, no debilitar la protección de derechos humanos«, destacó la directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum urgió a los legisladores a aprobar las reformas constitucionales, contenidas en un paquete de 18 iniciativas, antes de su toma de posesión el próximo 1 de octubre.
Tanto Sheinbaum, como Andrés Manuel López Obrador, el presidente saliente e impulsor del paquete de enmiendas, representan al partido MORENA, que obtuvo una virtual mayoría legislativa en las elecciones generales de junio pasado.
Una de las propuestas más controversiales modificará de manera sustantiva la manera en que los jueces son elegidos y supervisados. De ser aprobada, unos mil 650 magistrados federales deberán renunciar a sus puestos, a ser ocupados por quienes resulten electos por voto directo en 2025 y 2027.
Para ello, se requerirá que las legislaturas estatales adopten reformas similares a ese nivel en los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la ley en cuestión.
Asimismo, el número de jueces en la Corte Suprema se reducirá de 11 a nueve magistrados, con términos menores a los actuales, y relevados todos en un proceso “ad-hoc”, que tendrá lugar en 2025.
El reporte especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para judicaturas y magistrados independientes ha resaltado la importancia de «procesos apolíticos de designación, vinculados estrictamente a la calidad del trabajo y el mérito profesional» de los candidatos.
Otra propuesta de enmienda constitucional bajo consideración de la legislatura entrante eliminaría el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la agencia autónoma encargado de hacer cumplir la protección de datos personales y transparencia gubernamental
