Urge definir esas agresiones en las aulas para crear protocolos de protección de niños y adolescentes contra esas conductas ante el inicio del nuevo ciclo escolar, advierte diputada Taygete Irisay.
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Taygete Irisay Rodríguez González, consideró importante que ante el inicio del nuevo ciclo escolar se defina el acoso en las aulas dentro de la ley para crear protocolos de protección de niños y adolescentes contra esas conductas, así como desarrollar mecanismos de atención y sistemas de actuación.
Según el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, si bien la violencia se produce entre niños y adolescentes sin que los adultos estén directamente relacionados, estos tienen un papel en ese tipo de conducta, pues deben ser responsables de combatirla y prevenirla sin acciones punitivas que resulten en una respuesta de más violencia.
Por ello, impulsa reformar los artículos 73 y 74 de la Ley General de Educación, donde se señala que el acoso escolar es “todo acto u omisión que, de manera reiterada, agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares”.
La propuesta también establece que las autoridades educativas, en su función de promoción de la cultura de la paz y no violencia, establezcan mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos, así como protección para niños y adolescentes involucrados en violencia, maltrato y acoso escolar.
Se busca ofrecer servicios remotos de atención, a través de una línea pública telefónica u otros medios electrónicos y se deberán emitir lineamientos para los protocolos de actuación necesarios para la prevención y atención del acoso escolar.
La legisladora Rodríguez González indicó que el acoso escolar es un problema que recibe cada vez más atención, ya que se trata de una modalidad de violencia infantil que hasta hace algunas décadas había pasado desapercibido y tolerado.
Precisó que la escuela no está exenta de la violencia entre niños y adolescentes, y por ser el lugar donde pasan la mayor parte de su tiempo bajo la supervisión y cuidado de los docentes, administradores y autoridades educativas, los centros educativos son también los más idóneos para implementar políticas encaminadas a prevenir el acoso.
La diputada naranja señaló que, derivado de esta necesidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desarrolló un estudio encaminado a definir legalmente el fenómeno del acoso escolar como “todo acto u omisión que, de manera reiterada, agreda física, psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño o adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares”.
Pese a que esta definición fue emitida desde 2015, todavía no ha sido integrada a las leyes mexicanas, lo cual es particularmente apremiante, pues hoy más que nunca es necesario trabajar en la formación de una cultura de la paz, y ese esfuerzo debe empezar desde la escuela.
Comentó que la Corte ya elaboró una definición consistente con el rigor que exige la ley; sin embargo, es inaceptable que después de siete años de su emisión no se haya implementado en ninguna legislación.
