.La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) informó el lunes que estaba «monitoreando de forma activa» los eventos en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una campaña represiva contra la oposición tras las polémicas elecciones presidenciales del país.
Más de 2,000 personas fueron detenidas por fuerzas leales al presidente Nicolás Maduro, tras manifestarse en su contra o cuestionar sus afirmaciones de haber ganado un tercer mandato en los comicios del 28 de julio. A pesar de las evidencias que indicaban que perdió la votación por un margen superior a dos a uno, el mandatario reclamó la victoria.
En un comunicado dirigido a la prensa, la oficina del fiscal de la CPI, Karim Khan, confirmó que estaban recibiendo múltiples informes sobre actos de violencia y otras acusaciones relacionadas con las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. La fiscalía subrayó que estaba en contacto con el gobierno venezolano al más alto nivel, con el fin de enfatizar la importancia de respetar el Estado de Derecho en este momento crítico y asegurar la protección de todas las personas ante posibles violaciones que pudieran constituir crímenes según el Estatuto de Roma.
El Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, establece los crímenes sobre los cuales la corte tiene jurisdicción.
Maduro instó a la ciudadanía a reportar a los escépticos del resultado electoral mediante una aplicación del gobierno, inicialmente creada para reportar cortes de electricidad. Además, anunció que el gobierno estaba reformando dos prisiones, anteriormente dominadas por pandillas, para albergar el aumento previsto en el número de opositores detenidos. «No habrá más perdón», declaró el presidente en una transmisión de la televisora estatal.
La CPI, que mantiene abierta una investigación sobre la violencia ocurrida tras los comicios venezolanos de 2017, no ha emitido hasta ahora ninguna orden de detención relacionada con los recientes eventos.
