Los perpetradores actúan con total impunidad; no hay una sola sanción de la FGR ni de la SEP contra ningún participante.
La actualización del informe Es un secreto. La explotación sexual infantil en escuelas documenta 27 casos con cientos de víctimas en 12 estados de la República y exhibe la operación creciente de una red de explotación con patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel escolar.
La violencia registrada en el informe, inusual y extrema, involucra rituales, escenificaciones, disfraces y constantemente se registra el uso de cámaras de videograbación durante las agresiones.
Los perpetradores operan con total impunidad; a tres años de las primeras denuncias, no hay una sola sanción de la Fiscalía General de la República (FGR) ni de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contra ningún participante, sea profesor o trabajador de jardines de niños y primarias públicas.
El informe da a conocer que en las agresiones documentadas dentro de las escuelas participan grupos de personas agresoras organizadas como una red de explotación para violentar sexualmente a múltiples víctimas en preescolares y primarias.
Es un secreto… incluye casos litigados por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) en representación de niños y niñas víctimas de violencia sexual organizada en escuelas, además de que abarca documentación de casos obtenida mediante peticiones de acceso a la información o revisión hemerográfica.
En su tercera actualización, los casos identificados son notablemente distintos de los miles de lamentables casos de abuso sexual infantil cometidos por algún integrante del personal docente o administrativo en contra de alumnos.
Casos en aumento
El reporte Es un secreto… destaca que mientras en 2021 se contabilizaron 18 escuelas en las que niños y niñas pequeños denunciaban violencia organizada en siete estados de la república, en 2024 se ha llegado a 27 casos documentados en 12 entidades.
En agosto de 2023, la SEP recibió una orden judicial que, entre otras exigencias, le indicaba seis acciones específicas para asegurar la no repetición de ese tipo de delitos, pero la secretaría aún no ha dado cumplimiento a ninguna.
Entre otros aspectos, se le planteó establecer las condiciones institucionales para hacer transparente la plantilla docente y administrativa de las escuelas, así como los procedimientos para la contratación y la información de las trayectorias laborales del personal escolar.
También se subraya que a partir de 2021, cuando se publicó el informe Es un secreto. La explotación sexual infantil en escuelas, se logró que la FGR iniciara una carpeta de investigación sobre el total de los casos denunciados para ese entonces.
Sin embargo, a tres años del inicio de esa investigación, no hay un solo elemento de información útil para entender cómo, de manera reiterada y en diversos estados de la República, se contrata a personas que delinquen de manera conjunta dentro de un mismo plantel escolar.
El reporte demuestra que, a pesar de que el informe logró abrir el debate y la indignación sobre la red de explotación sexual de niñas y niños organizada en varias escuelas, el número de casos en lugar de disminuir, aumentó.
La FGR no ha realizado investigaciones diligentes que permitan esclarecer por qué en algunas escuelas el personal coincide y actúa de manera conjunta y coordinada para cometer ese tipo de delitos.
Las autoridades no saben tampoco qué hizo posible que estos casos de explotación sexual infantil se extendieran en al menos 27 escuelas en 12 estados de la República.
En el origen, a pesar de que sobre la SEP pesa una orden judicial para prevenir la repetición de esos delitos, hasta ahora no la ha acatado.
