Por falta de presupuesto no podrá operar la Procuraduría Ambiental que plantea el nuevo Código Urbano y que serviría para solucionar controversias entre privados y el gobierno.
Así lo señaló el diputado Maximiliano Ramírez, quien no ha logrado consolidar su Código, el cual enfrenta una suspensión judicial por atentas contra derechos de la ciudadanía.
El legislador señaló en entrevista que la Procuraduría no entrará en funciones en lo que resta del año y posiblemente pueda caer en el no funcionamiento de manera permanente.
