Poder Judicial de la Federación muestra apertura para fijar salarios por debajo de las ganancias percibidas por el presidente, sólo si en verdad se transparenta cuánto obtiene.
Es necesario conocer cuánto percibe en realidad el presidente de México para poder establecer tabuladores de los salarios a obtener por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), aseguró el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro.
Durante el tercer foro para la reforma al Poder Judicial de la Federación, Gómez Fierro mostró apertura para fijar salarios por debajo de las ganancias percibidas por el presidente Andrés Manuel López, sólo si en verdad se transparenta cuánto obtiene por su labor como servidor público.
“En el Poder Judicial de la Federación nadie cuestiona el que ningún servidor público deba ganar más que el presidente de la República. Ninguno de los jueces o magistrados que integramos este poder recibimos una remuneración superior.
“Los criterios jurisdiccionales que se han emitido sobre el particular apuntan a la necesidad de definir, con claridad, ¿cuál es la remuneración del presidente de la República, para así establecer el parámetro conforme al cual deberá fijarse la remuneración de todos los servidores públicos”, subrayó Gómez Fierro.
El magistrado consideró a la austeridad como una herramienta sin poner en riesgo “los derechos de los trabajadores y particularmente la legitimidad y la independencia judicial.
“Cualquier asignación presupuestal debe tener como base la evidencia sin poner en riesgo las funciones que desarrolla el Poder Judicial de la Federación, así como garantizar los derechos laborales de su personal, fomentar el desarrollo de la carrera judicial y de la defensoría de oficio”, señaló.
“Debe tenerse presente que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Organización de las Naciones Unidas, a través de su relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, ha sostenido que el presupuesto asignado al Poder Judicial debe adecuarse a sus necesidades, estar asegurado y revisarse progresivamente para lo cual deben establecerse un porcentaje fijo del producto interno bruto (PIB) en el marco normativo.
“Ahora que se pretende hacer una reforma constitucional, me parecería muy adecuado que una reforma de este calado asegure precisamente un porcentaje de este producto interno bruto en México para el Poder Judicial de la Federación, indicó”.
Antes de finalizar expuso que en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es la nación que menos recursos destina para la impartición de justicia.
“El país que registra un menor gasto en el sistema de justicia en comparación con los demás países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es precisamente México, a esto también tendríamos que tomar en consideración la trascendente reforma laboral que fue instaurada recientemente, el aumento de 43% de los asuntos que se han conocido en los tribunales recientemente y la reforma en puerta del Código Nacional de Procedimientos Civiles y familiares”, precisó.
