La conductora de televisión enfrenta una nueva denuncia, ahora promovida por su exesposo Javier Díaz
Los problemas no terminan para Inés Gómez Mont. La conductora de televisión, que se encuentra desaparecida desde 2021, enfrenta una nueva denuncia por presunta violencia familiar.
Fue interpuesta por su expareja Javier Díaz, papá de sus cuatro hijos mayores, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya abrió una carpeta de investigación acerca de esto que se suma a la situación legal que enfrenta por desvincularse de las acusaciones de lavado de dinero.
Solicitó un amparo contra el juez de control
Como respuesta a esta nueva denuncia, Inés Gómez Mont solicitó un amparo contra el juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ya que él ordenó que se presenten dos de sus hijos que aún son menores de edad, pues tienen 12 y 14 años, respectivamente, informó el medio Infobae.
El propósito del juez es que se les haga una evaluación psicológica pero ella busca revertirlo. Cabe recordar que los menores también son hijos de Javier Díaz.
La jueza Patricia Marcela Diez Cerda, del Quinto de Distrito en Materia Penal, admitió el trámite del amparo y otorgó una suspensión provisional para proteger a los menores de dicha investigación al argumentar que someterlos a esta evaluación podría generar “victimización secundaria”, afectando su bienestar emocional.
“Es oportuno puntualizar que la pericial en materia de psicología, tendente a examinar a los menores víctimas, en su calidad de sujetos pasivos de un delito al ser valorados por un perito oficial, implicaría una revictimización o victimización secundaria«, explicó la juez.
La situación legal de la conductora se complica
Esto se entendería como «la suma de acciones u omisiones que generan un recuerdo victimizante (lo que normalmente sucede es que la persona recuerda y revive lo ocurrido en el momento del hecho delictivo) y que conllevan estados de ansiedad, estrés, angustia y malas relaciones interpersonales que afectan su vida cotidiana».
Además esto implica «la consecuente vulneración del derecho al más alto nivel de salud mental del niño o de la niña, ello es así, porque se sometería a la repetición de rememorar la experiencia traumática, lo cual debe evitarse.
«Así en el ámbito de la función jurisdiccional, las personas juzgadoras tienen el deber de protección de los menores lo cual implica salvaguardarlo de todo tipo de revictimización”, añadió.
La situación de Inés Gómez Mont no es fácil y cada vez se complica más debido a que existen diversas órdenes de aprehensión en su contra, una de ellas relacionada con el presunto desvío de más de tres mil millones de pesos.
Fuente Amexi
